Por lo que respecta a la Comisión Estatal de Derechos humanos del Estado, es necesario mencionar que se rige por la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su reglamento interno, aunado a lo establecido en el marco convencional y constitucional, de ahí que está obligada a cumplir con las atribuciones establecidas en dicha ley, y ante los recientes hechos que en diversos medios de comunicación y plataformas digitales, se hicieron virales por el contenido de violencia y por la presunta violación a los derechos humanos por parte de servidores públicos municipales y también a personal del servicio público, específicamente de seguridad.
En ese sentido la atribución de la Comisión conforme a la ley en su artículo 18 establece que: “Debe conocer e investigar a petición de parte o de oficio presuntas violaciones a derechos humanos en los siguientes casos: a).- Por actos u omisiones de índole administrativa de los servidores públicos o de las autoridades de carácter local y municipal. b).- Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público, autoridad local, municipal, o bien cuando éstos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas”.
Ante los hechos recientes que no son actuales, que no deben normalizarse, ni minimizarse y mucho menos tolerarse, es urgente modificar las practicas violentas evidenciadas, no solo por parte de quienes intervienen para dar cumplimiento al mandato de ley relativo a garantizar la seguridad ciudadana, ya que las mismas practicas patriarcales se han institucionalizado y en todos los espacios están presente, hacer caso omiso nos traerá el mismo resultado; la desconfianza por parte de la ciudadanía, la corrupción, la impunidad, la falta de un estado de derecho democrático. Y es ahí donde deben intervenir los tres niveles de gobierno, no solo tiene que ver con procesos administrativos, sino también de índole legislativo y judicial, aunado a la visibilización de dichas prácticas a través de la ciudadanía y hoy ayudadas de las tecnologías, sumados los procedimientos de oficio y no vinculatorios, además de la adecuada información por parte de los medios de comunicación. ¡No se debe dejar de exigir el respeto a los derechos humanos, hasta materializarlos y vivirlos!
Asimismo, existe un marco jurídico amplio que contempla las responsabilidades y obligaciones de las autoridades, y reconoce los derechos de las personas, invocando en este momento el derecho a la libertad y seguridad personal mismo que se encuentra en los artículos 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y en los principios 1 y 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, lo que en términos generales significa que: Queda prohibidas las detenciones arbitrarias y malos tratos o tortura, y obligan al personal del servicio público a respetar los derechos humanos, además se establece que; cuando haya una detención debe ser informada la persona que es privada de la libertad, para que conozca las razones de su detención, los cargos que se le imputan y sea puesta sin demora a disposición de la autoridad competente. Al respecto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la tesis con el rubro “Derechos a la integridad personal y al trato digno”.
Aunado a lo anterior, es evidente que urge la ampliación debida de Manuales en nuestro estado, ejemplo; Manual para el Uso de la Fuerza, el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza y el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente donde se señalan la obligación de rendición de cuentas sobre las actuaciones policiales. Sin embargo, para aplicarlos también se requiere de capacitación constante y actualizada con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género e intercultural, lo que es un reto, que con voluntad y eliminación de prácticas que no abonan a la transformación, es posible garantizar la seguridad ciudadana.
Apropósito de capacitación del personal de seguridad, donde también se visibilizaron practicas del uso de gas en días pasados, es importante mencionar que: El derecho a la capacitación o adiestramiento en el trabajo debe permitir elevar el nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados, y basados en un trato digno. Con el objetivo de “garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios de Constitucionalidad y legalidad”. Para finalizar al respecto de este último tema, dejare tres preguntas para reflexionar: ¿Las capacitaciones o adiestramientos con prácticas como el uso del gas, cumplen los objetivos para los cuales son planeadas o programadas? ¿Cuáles son las prácticas que deben dejar de institucionalizarse y normalizarse para hablar de un respeto de los derechos humanos en Tlaxcala? ¿otras formas son posibles?
Cierro esta opinión, dejando claro que; la violación a cualquiera de los términos normativos citados, se traduce en la transgresión de derechos humanos, la cual debe visibilizarse, atenderse e iniciarse queja a petición de parte o de oficio, y no olvidemos garantizar la no repetición y su debida reparación del daño causado, y la debida responsabilidad de quien omite, aunado a la obligación de las autoridades del estado que por ley está establecida para los diferentes órdenes de gobierno.
Erica Salinas presentó Para Sarah, cortometraje basado en su historia personal en Sonora, cuando fue sometida a una “terapia de conversión”, prácticas que podrían prohibirse en Puebla. Fotografía: Daniel Casas// Agencia Es Imagen
